Días pasados se realizó una mesa de diálogo en el complejo carcelario de Campana, donde se relevó la situación de los internos, en especial, de aquellos incluidos como población de riesgo que afrontan problemas de salud. Se trata de unos 50 reclusos quienes fueron separados por patologías.
Según trascendió, días pasados tuvo lugar en el Complejo Penitenciario de nuestra Ciudad una mesa de diálogo de la que participaron miembros de la Dirección de Salud Comunitaria, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Patronato de Liberados y reclusos de las Unidades 21, 41 y 57.
Allí se pudo determinar que un 10% de los internos se encuentra dentro de la población de riesgo, con patologías que van desde el HIV, hasta hipertensión, asma, diabetes y tuberculosis, siendo separados según cada problemática. Por otra parte, se confeccionó un listado de internos en condiciones de recibir moderaciones a las condiciones de detención, como también un relevamiento de detenidos a los que les fueran interrumpidas sus salidas transitorias y reclaman prisión domiciliaria.
Según un informe al que tuvo acceso Campana Noticias, hasta el momento no habrían tenido lugar liberaciones que no correspondieran al cumplimiento de la pena. Incluso durante la semana pasada, once internos de la Unidad 41 recuperaron la libertad en este contexto, según señala dicho documento.
Otro de los puntos evaluados, fue la adhesión a la huelga que tuvo lugar también en distintos complejos carcelarios del País, y que a nivel local trascendiera mediante un video difundido por internos de la Unidad 57. Paradójicamente, según expresa el informe, en dicha unidad la adhesión al reclamo habría sido nula. Sin embargo, en la Unidad 41, por ejemplo, la huelga creció en adhesión en los últimos días, alcanzando un 75% de los allí alojados.
Según publicó la Procuración Penitenciaria de la Nación, el pasado 13 de abril, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió instar a los tribunales de la jurisdicción a que adopten medidas alternativas al encierro tales como prisión domiciliaria con el correspondiente monitoreo respecto de:
a) Personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo, o cuando la duración de la detención cautelar haya superado ostensiblemente los plazos previstos en la Ley 24390, en relación a los hechos imputados y tomando en cuenta las características de cada proceso;
b) Personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta;
c) Personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión;
d) Personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con los demás requisitos;
e) Mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas;
f) Personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo de complicaciones graves a causa del COVID-19, y personas inmunodeprimidas o con condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y Las evaluaciones en cada caso deberían determinar si es posible proteger su salud si permanecen detenidas y considerar factores como el tiempo de pena cumplido y la gravedad del delito o la existencia de riesgos procesales y el plazo de la detención, para los procesados.
Además, recomendaron a las autoridades penitenciarias el cumplimiento estricto de los protocolos vigentes en materia sanitaria ante posibles casos de COVID-19. El documento fue firmado por: Angela E. Ledesma, Presidenta, Gustavo M. Hornos, Alejandro W. Slokar, Ana María Figueroa (según su voto), Guillermo J. Yacobucci, Eduardo R. Riggi (en disidencia), Mariano Borinsky, Daniel A.Petrone, Diego G. Barroetaveña, Carlos A. Mahiques, Juan Carlos Gemignani, Liliana E. Catucci (en disidencia) y Javier Carbajo.
