El fiscal Federal de Campana, Sebastián Bringas, solicitó este lunes que se eleve a juicio oral la causa donde son investigados el dueño y el subdirector médico del ex Sanatorio San Carlos de Escobar por la violación de las medidas adoptadas durante la pandemia por Covid-19, y por la propagación de la enfermedad dentro de la institución, informó el sitio fiscales.gob.ar.
De acuerdo a la acusación, como consecuencia de la propagación de la enfermedad se contagiaron 54 personas, entre pacientes y personal del establecimiento, y 23 de ellas fallecieron entre abril y mayo de 2020, entre los que se cuenta a varios vecinos de Pilar.
Juan Carlos Linares, presidente de Salutis S.A, firma que prestaba el servicio de salud, era el principal responsable de tomar las decisiones relativas al funcionamiento del establecimiento, y Alberto Pablo Lauría era el subdirector médico del establecimiento.
Linares y Lauría fueron procesados por la “propagación dolosa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas; violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia -ambos agravados por sus profesiones de médicos-; homicidio culposo agravado por haber resultado más de dos víctimas fatales, los cuales concurren en forma ideal y que, a su vez, concurren en forma real con el delito de abandono de persona con resultado de grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima y abandono de persona con resultado de muerte”.
La causa comenzó en mayo de 2020. Tras la investigación, para la Fiscalía los dos implicados “violaron las medidas que fueron implementadas por las autoridades sanitarias de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para impedir la introducción y/o propagación del virus SARS-CoV 2 (Covid-19), mediante el incumplimiento de la ejecución de los protocolos que la autoridad provincial publicaba periódicamente en función de la pandemia de coronavirus”.
La totalidad del personal del establecimiento que prestó declaración testimonial reconoció que no le practicaban controles diarios del estado de salud. Dentro del requerimiento, se marcó incluso que “los cadáveres con Covid-19 no eran transferidos con urgencia al depósito o morgue después del fallecimiento, sino que permanecían varias horas en el mismo ámbito que los pacientes que seguían internados”.
El fiscal Bringas detalló entonces que “teniendo a su disposición los medios más efectivos y confiables para prevenir la introducción y propagación del Covid-19, desatendieron los protocolos y las medidas de profilaxis necesarias, que de hecho decidieron voluntariamente no cumplir”.
“Lo que habría generado el ámbito propicio para que el virus ingresara en el establecimiento y se propagara por las diferentes áreas, causando un brote con lamentables consecuencias para pacientes y personal del nosocomio que se contagiaron y, además, a algunos de ellos les produjo la muerte”, concluyó.
