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No existen fundamentos para quemar las Qunitas

Con el objetivo de reducir las muertes súbitas de lactantes, el 50% de las cuales se debe al colecho, se lanzó en 2015 el programa Qunita, que complementaba la Asignación por Embarazo para mujeres sin cobertura social.

Según los impulsores del plan, se buscaban prevenir las muertes de 2000 bebés y de cien madres. La ex jefa de Neonatología de la Maternidad Sardá, Alicia Benítez, comentó que por Qunita habían habilitado una línea 0800: «Hasta noviembre de 2015 se recibieron 19.848 llamados. No se registraron situaciones de riesgo».

Sin embargo, Qunita dejó de funcionar en abril, cuando el Ministerio de Salud dejó de entregar el kit, por un informe de INTI que jamás sugiere sacarlo de circulación. También por recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y el neonatólogo Alejandro Jenik, quienes rechazaron la quema y pidieron formar un equipo interdisciplinario.

El expediente cita al INTI destacando que la cuna puede desfondarse si contiene a un niño de más de 9 kilos. Sin embargo, no es una cuna, sino un moisés confeccionado para los primeros seis meses de vida. Así lo decían las recomendaciones que acompañaban el kit.

“El 99,9% de las cunas que se venden en el país no tienen ningún control. Deberían quemar todo entonces”, sostuvo el ex ministro de Salud, Daniel Gollán. En eso coincidía en 2015 el Laboratorio de Muebles del Centro INTI: “Si te gastás 1500 dólares en una cuna, no vas a estar seguro de que cumpla los requisitos mínimos de seguridad”, declaró Marcelo Orlievsky, coordinador del Laboratorio. En la Argentina no existe un Comité Normalizador de Muebles. El INTI controla si la marca decide enviarle su producto.

bonadio
“Las recomendaciones del INTI fueron a pedido nuestro, para mejorar una segunda tanda. Se basaron en uno español que no es idéntico. No existe un modelo igual al de Qunita en el mundo”, acotó Gollán. Como antesala a Bonadio, el fiscal impulsó un juicio penal por supuestos sobreprecios y “perjuicio económico” para el Estado. Lo paradójico es que la quema de los kits generará la pérdida de 180 millones de pesos, y al no haberse propuesto una alternativa, los 60 mil chicos que no los recibirán por su “peligrosidad” ahora están expuestos a mayores riesgos.

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