Las primeras versiones indicaban que abandonaría su cargo como Director Nacional de Actores Territoriales para reasumir su concejalía. No fue eso lo que finalmente decidió, quizá para no avalar el rumor de que su salida se vinculaba con cierta disconformidad con su performance.
Volvió efectivamente al pago, pero sin dejar su puesto en la administración pública nacional, lo que constituye un evidente desafío al límite de las energías humanas que pueden subordinarse a la actividad laboral.
Tal como vienen señalando referentes de casi todo el arco político, sobre todo en la última sesion ordinaria del Concejo Deliberante, es altamente improbable que dos funciones tan demandantes puedan ser desempeñadas con eficiencia por la misma persona en el mismo momento.
A la dedicación que requieren las tareas de cada cargo se agrega el hecho de que esas tareas deben ser desarrolladas en lugares geográficos muy distantes unas de otras (recordemos que su función en el Ministerio que dirige Carolina Stanley corresponde a todo el territorio nacional). No es posible estar capacitando a referentes barriales en Catamarca mientras se recorren las localidades del distrito de Escobar o se estudian los expedientes que se tratarán en la siguiente sesión legislativa. No sólo es imposible hacer dos cosas al mismo tiempo sino que aun más lo es hacer esas dos cosas en lugares separados por miles de kilómetros.
Sin duda se plantea aquí un asunto de ética pública, que a su vez es ahondado por la cuestión económica (todo es más grave cuando incluye dinero, sobre todo cuando proviene del Estado): a pesar de haber manifestado que renunciaría a su dieta de concejal, Costa pidió acogerse a los beneficios que cierto vericueto legal otorga, con lo que podrá percibir un importe casi equivalente a la suma de ambas dietas.
El artículo 92 de la Ley Orgánica de las Municipalidades estipula que en casos como éste, los funcionarios «tendrán derecho a percibir, a su requerimiento, una suma no remunerativa (…) equivalente a las dos terceras partes de la dieta. Esta suma no estará sujeta a aportes y contribuciones previsionales y asistenciales.»
A pesar de ser claro el carácter optativo de este beneficio («tendrán derecho», «a su requerimiento»), Costa interpreta en su nota al Honorable Cuerpo que se trata de «una obligación»
Hablando en plata
Según el Ministerio de Modernización, un Director Nacional cobraba en febrero de 2016 61.034 pesos brutos; si bien no existen datos públicos sobre el importe actual, si se aplica a esa suma el incremento porcentual que el sueldo del presidente tuvo desde ese momento ($131.421,89 en febrero – $173.000 en septiembre: 31% de aumento, tal como publica el diario La Nación), se puede estimar la remuneración bruta del cargo en torno a los 79.000 pesos.
Deducidos los conceptos de seguridad social, aportes jubilatorio, obra social e impuesto a las ganancias, la mano de un Director Nacional recibiría, según esta inferencia, alrededor de 55.000 pesos.
La dieta de concejal es de poco más de 20.000 pesos netos. De acuerdo al beneficio «obligatorio» a que busca acogerse Costa, puede cobrar el 66.66% de la dieta bruta de un concejal; importe que, como se indicó en el texto legal citado, «no estará sujeta a aportes y contribuciones previsionales y asistenciales»; lo que a fin de cuentas redunda en un monto muy cercano a lo que cualquier concejal recibe mes a mes.
El pozo acumulado es entonces de alrededor de 71.000 pesos. Si a la impresión que esta cifra causa se suman las dudas sobre la posibilidad de desarrollar con eficacia ambas tareas, y lo llamativo que es que una persona de la holgura económica de Costa no esté dispuesto a dejar de percibir la dieta de concejal cuando el erario público ya le provee de otra sustantivamente mayor, es esperable que se cosechen los cuestionamientos que ha surgido, y lo que habrán surgir aún.
