La Organización de Ambientalistas Autoconvocados (OAA) manifestó su rechazo a la autorización que la Justicia Federal le otorgó a la empresa Araucaria Energy para poner en marcha, de manera parcial, la planta generadora termoeléctica que tiene en Villa Rosa en el límite con Matheu, al tiempo que anunció que apelarán la resolución.
“La decisión del juez aún no está firme. Estamos trabajando en la presentación de la apelación correspondiente” señalaron desde OAA a través de un comunicado y señalaron que “el juez ni siquiera corrió el traslado a nuestro abogado, una total irregularidad, ni menciona nuestra solicitud de que intervenga una universidad pública en la evaluación, prefirió dar lugar a estudios privados pagados por Araucaria”.
La medida, que se conoció el martes, fue dictada por el juez Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana. El magistrado modificó la medida cautelar vigente desde 2017 contra la termoeléctrica, con un fallo basado en un nuevo estudio de impacto ambiental realizado por dos consultoras privadas, Estrategias Ambientales y DAKAR, que, según el comunicado de la organización ambientalista, fueron “contratadas por la empresa Araucaria”. El fallo, aseguran, fue “respaldado por la municipalidad de Pilar y el Ministerio de Ambiente de Provincia”.
El funcionamiento de la planta será parcial y con plazo de caducidad: podrá encender dos turbinas de 8 a 21 y hasta el día 30 de junio. Uno de los argumentos esgrimidos es que “es necesario producir energía para evitar el desabastecimiento del suministro en eléctrico”.
“Desde la OAA repudiamos el accionar del juez. Consideramos que fallo es arbitrario, no aplica los principios del derecho ambiental, permite el funcionamiento sin la totalidad de los permisos y/o habilitaciones ambientales”, manifestaron.
Entre otras cosas, señalaron que el fallo “habilita el funcionamiento supuestamente para pruebas, pero lo hace por un periodo de seis meses que es muy extenso para una simple prueba que como mucho puede durar un par de días”.
A la vez, subrayaron que “el Juez no da ninguna precisión de cómo serán esas pruebas quien, como y cuando se ejecutarán, cuando era tarea del juez establecer esas directrices ejecutivas, por lo que entendemos que se desentendió del caso, lo dejó librado al municipio y el ex OPDS -hoy Ministerio de Ambiente – que fueron los cómplices de toda la ilegalidad inicial que permitió la irregular instalación de las Termoeléctricas”.
