Finalmente la Cámara de Senadores aprobó anoche el proyecto de ley de protección de humedales, medida por la que vienen luchando y trabajando diferentes organizaciones ambientales y vecinales de la cuenca del Río Luján, una de las más afectadas por el avance inmobiliario sobre estos reservorios de agua naturales.
El proyecto, que si no era aprobado ayer perdía por segunda vez estado parlamentario, fue enviado a la Cámara de Diputados para su tratamiento, donde seguramente continuará la discusión entre quienes buscan terminar con la construcción y la sojización sobre humedales y quienes buscan flexibilizar los controles, en busca de una ley más “productivista”.
El proyecto que fue aprobado es el que fue impulsado por el senador Fernando “Pino” Solanas, Teresita Luna, Magdalena Odarda, entre otros, y que venía siendo fuertemente resistido por senadores de la comisión de Agricultura, encabezada por el ruralista Alfredo De Angeli, que presentó finalmente un dictamen en minoría que no prosperó. El proyecto aprobado tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales.
La iniciativa tiende a de preservar los servicios ecosistémicos que brindan a la sociedad los humedales, a los que el proyecto define como aquellos ecosistemas que dependan de la inundación constante o recurrente, o la saturación del sustrato en la superficie o cerca de ella.
La autoridad nacional de aplicación, junto con las autoridades provinciales competentes, llevarán a cabo el registro de los humedales en un plazo no mayor a tres años.
Solanas, de Proyecto Sur, dijo que el proyecto nacía en la “necesidad de una protección real a los humedales que ocupan un poco más del veinte por ciento del territorio nacional”. En ese sentido afirmó que “es sinceramente falso que digan que estos proyecto viene a destruir las aguadas y los mailines”, según informó Télam.
Mientras la representante del ARI de Río Negro, Magdalena Odarda, consideró que el proyecto “es una buena noticia”, y el representante de GEN, Jaime Linares, habló de la “necesidad de preservar estos humedales”.
En el mismo sentido, el cordobés de UNA, Carlos Caserio, defendió el proyecto pidiendo una “visión más amplia”, para luego afirmar que “los que no quieren que salga esta ley no son los gauchos y los hacheros, sino los grandes terratenientes”.
Por el contrario, el oficialista correntino Pedro Braillard Poccard cuestionó el proyecto argumentando que en su provincia “es política de estado la preservación de los humedales” y rechazó una legislación “que se meta en las autonomías provinciales”.
El peronista salteño Juan Carlos Romero atacó uno de los artículos de la ley que establece la realización de un registro de humedales que obliga a detener las actividades productivas en esas zonas. En ese sentido, deslizó que la ley de humedales parecía “dictada” por multinacionales de fabricación de pilas y baterías, defendiendo los salares de la puna en donde el litio es una de sus riquezas.
El proyecto fue aprobado por 53 votos a favor, 5 negativos y 5 abstenciones.
Desde la organización Naturaleza de pie por los humedales señalaron, en un comunicado, que “la intensa y maratónica sesión dejó en evidencia la ignorancia y falta de conocimiento en materia ambiental” por parte de algunos representantes que buscaron frenar la iniciativa, como De Angeli (Senador Pro-Entre Ríos), De La Rosa (Formosa), Romero (Salta), Giacopo (Jujuy). “Desconocen el concepto de desarrollo sustentable y carecen de argumentos coherentes posicionándose en contra de una Ley de Humedales”, señala el texto, que celebra la aprobación después de un año cargado de trabas.
“La Ley que se aprobó (obtuvo media sanción) el 30 de noviembre de 2016 (último día antes de que casi perdiera estado parlamentario) estuvo 3 años en elaboración (tiempo suficiente para poder ser estudiada por los Senadores), tiempo en el cual también fue modificada y pasó por varias comisiones, dentro de las cuales fue retenida por intereses producto del lobby principalmente de mega-negocios inmobiliarios y del sector agro-industrial”, agrega el comunicado.
“Seguramente no sea la Ley ideal (de hecho tuvo 26 modificaciones en el camino), pero es un gran avance al poner en agenda la problemática actual de una crisis ecológica producto de años y años de consumo desmedido -continúa-. Nada podría haber sido posible sin la incansable perseverancia de todas las organizaciones de base, la asociación de abogados ambientalistas y ambientalistas que se han puesto la causa al hombre desde hace ya muchos años. El equipo sigue en pie y no dará ni un paso atrás”.
