El Consejo Escolar de Escobar no aceptará a los «voluntarios» de Vidal

Durante el día de ayer el Consejo Escolar de Escobar emitió un comunicado en el que no autorizará la entrada a establecimientos educativos del distrito a quienes no hayan sido debidamente nombrados según la legislación y normativa vigentes.

En el mismo documento, los consejeros escolares denuncian una campaña mediatica y a través de redes sociales instalada por el gobierno nacional no sólo para impulsar el polemico voluntariado sino para desprestigiar a los docentes y su derecho a huelga.

Se refieren además con dureza al incumplimiento del llamado a la paritaria nacional que demanda la ley de Financiamiento Educativo, y al pedido de autoridades provinciales de confeccionar listas con los nombres de los docentes que adhieran al paro de ayer lunes y hoy, resaltando que el órgano escobarense se abstendrá de hacerlo.

A continuación, el texto completo del comunicado:

Ante reiteradas y constantes consultas a este Consejo Escolar sobre la participación de “voluntarios” en el proceso de enseñanza de nuestros alumnos, ideas promovidas por autoridades provinciales y sostenida aún a la fecha a través de una convocatoria llamada “Mi parte por la Educación” en el portal de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires ABC, queremos informar que si las escuelas públicas fueran las destinatarias de los convocados foráneos, este CONSEJO ESCOLAR NO AUTORIZARÁ su entrada a menos que hayan sido nombrados, como ocurre con los legítimos agentes de la educación, según las reglamentaciones y leyes vigentes, haciendo pura y exclusivamente responsable a los funcionarios que bajo un manto de precariedad quieran exponer la seguridad e integridad de nuestros alumnos llevando adelante estas medidas. Entendemos y reconocemos además, que instalar oportunamente una fuerte campaña mediática organizando “desde el estado” dispositivos “para-estatales” que pretendan romper el derecho de huelga en el medio de lo que entendemos una legítima discusión salarial de los trabajadores de la educación, además de fomentar la desvalorización del desempeño docente, profundiza y agrieta cada vez más los factores de violencia entre la sociedad, alcanzando extremos casi anunciados de acciones criminales como las de “amenazas de muerte y extorsión” sufridas reiteradas veces por el dirigente sindical del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires SUTEBA, ante el cual nos solidarizamos plenamente.
Denunciamos además el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo por parte del gobierno nacional, ya que al “olvidar” la PARITARIA NACIONAL DOCENTE (PND), se termina suprimiendo un “fondo compensador” que financia el mismo gobierno, donde se ayuda a provincias que tienen dificultades para solventar el costo acordado de un salario mínimo nacional. Mencionamos al respecto, que la definición de la PND, permitió reducir desde su implementación en 2008 y hasta 2016, un 22 por ciento la desigualdad salarial entre los docentes de cada provincia, al elevar el «piso» de los sueldos en todo el país.
Por otro lado vemos con preocupación que, habiendo los gremios con representación nacional (CTERA, UDA, AMET, CEA y SADOP) convocado a PARO NACIONAL para los días 6 y 7 de marzo, el Ministerio de Trabajo PROVINCIAL haya querido intervenir intimidando con declarar la conciliación obligatoria, cuando no tiene competencia por ser jurisdicciones diferentes.
Respecto a esto último, y por trascendidos que circulan desde hace unos días, este CONSEJO ESCOLAR quiere anunciar que ante la posibilidad de tener que recibir documentación, por fuera de la utilizada normalmente, con “listas” de agentes de la educación que adhieran a medidas de fuerza, se ABSTENDRÁ de hacerlo. Es bien sabido por los administrativos de escuelas, que es el CONTRALOR la única documentación donde se cargan y detallan, junto al resto de los tipos de ausentismo, todas las inasistencias de la planta funcional. Entendemos que la nominalización “específica” de agentes dentro de esquemas de medidas de fuerza sindicales, no tiene otro sentido que amedrentar y atentar contra el derecho constitucional de huelga.

Belén de Escobar, 6 de marzo de 2017