Cada vez que uno vecino o visitante a Zona Norte paga los cada vez más costosos peajes de Autopistas del Sol (Ausol), beneficia al grupo empresarial de la familia presidencial. A través de la firma Sideco, el Grupo Macri tiene participación accionaria en Ausol. El informe de un órgano de control reveló que durante casi dos décadas de concesión la compañía infló los costos para justificar subas como la que acaba de implementarse, de hasta un 100% de aumento.
Así fue evidenciado por un informe del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI). El documento refleja que el Grupo Macri no sólo salió beneficiado con los recientes incrementos en las tarifas de peajes, sino que el negocio se prolongó por las casi dos décadas de concesión. El informe de OCCOVI, que fue elevado a la Auditoría General de la Nación (AGN), fue revelado por el periodista Alejandro Bercovich en el diario BAE.
Ausol se instaló a mediados de los ’90, ante la privatización de corredores viales. En un primer momento, el Grupo Macri tenía una participación predominante en la empresa, a través de la firma Sideco. En 2001 la actual familia presidencial venció gran parte de sus acciones, pero mantuvo el siete por ciento, siendo el mayor socio local de Ausol en Acceso Norte.
El informe de Occovi concluye que el aumento de peajes es “infundado desde el punto de vista económico”. La interventora de Ausol, Laura Andino, advirtió que las pérdidas netas que declaró la empresa durante las dos décadas de concesión se originaron en maniobras como la toma de contratistas controlados por los mismos accionistas, así como presuntos sobreprecios y pago de intereses a prestamistas no identificados, que también podrían estar vinculados a los dueños.
Así, de acuerdo al estudio técnico, Ausol facturó en 19 años de concesión u$s 1.747,6 millones y registró una pérdida de u$s 89 millones, pese a que la tarifa se fue actualizando a la par o por encima de la inflación desde 2007 y hoy casi duplica en dólares la de 2001. Según el relevamiento de la interventora, entre las obras comprometidas en la concesión y no realizadas y la tarifa cobrada en exceso a los usuarios, el Estado debería reclamarle judicialmente a la empresa u$s 350 millones. Una cifra que supera por mucho a la del escándalo con Correo Argentino.
