Conflicto en la línea 60: choferes no cobrarán boleto

Se anunció a la prensa que los conductores de la línea 60 no cobrarán boleto a los pasajeros durante al menos un día de la próxima semana, más allá de que aún restaba definirse la jornada en la que llevarán adelante esa modalidad de protesta.

Si bien a partir de las 0 horas de hoy se levantó el paro que los decretado días atrás, permanecerán en estado de alerta permanente los días sábados, domingos, lunes y martes, en tanto el miércoles, jueves o viernes de la semana próxima podrían desistir de cobrar el boleto a los usuarios, a modo de «huelga parcial»

Los trabajadores piden que se levanten las 20 suspensiones en la empresa y que sean reincorporados los 10 conductores despedidos, que, de acuerdo con el líder gremial, eran «los testigos de la muerte del compañero David Ramallo», ocurrida en septiembre del año pasado cuando lo aplastó un colectivo en una rampa en la que estaba trabajando en el galpón de Barracas.

Los empleados comenzaron con el paro este jueves por la mañana (ver nota) luego de que la firma despidiera a diez empleados y suspendiera a otros veinte, acusados de atacar a personal administrativo y provocar destrozos en la terminal de Barracas, en septiembre del año pasado, después de la trágica muerte de Ramallo.

Empresa y choferes se encontraban en conciliación obligatoria hasta la semana pasada, pero el lunes último terminaron las negociaciones cuando «el grupo DOTA (a cargo de la línea 60), abandonó la instancia de diálogo amenazando con despedir trabajadores», según los sindicalistas.

El conflicto empezó en septiembre de 2016, con la muerte del operario electricista Ramallo, que se encontraba arreglando una unidad: como consecuencia de ese hecho, los empleados comenzaron a reclamar medidas de seguridad.

Por su parte, la empresa emitió un comunicado en el que ratificó la sanción a «diferentes choferes y delegados que atacaron a personal administrativo y produjeron destrozos el año pasado». Por ese motivo, la compañía justificó los despidos para «encuadrar el funcionamiento de la empresa, defender el trabajo de otros 950 empleados y el patrimonio», ante «hechos violentos y actos de vandalismo».

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