El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios resolvió por unanimidad la admisibilidad de los cargos formulados, y destitiyó a la jueza Alejandra Velázquez en el desempeño de su cargo. La titular del Juzgado de Familia N°1 de Pilar está acusada, entre otros cargos, de enviar a sus empleados a barrios humildes del conurbano norte a buscar embarazadas y ofrecerle dinero a cambio de sus futuros hijos.
Con esta decisión, queda suspendida de por vida para ejercer cargos públicos y podrá ser investigada y condenada por la Justicia por los delitos que se le imputan.
La sesión especial de la Corte fue encabezada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Luis Esteban Genoud, y participaron cinco legisladores y cinco conjueces de la Corte, que por unanimidad definieron suspender a Velázquez.
En un intento por evitar el jury de enjuiciamiento, en noviembre la magistrada había presentado su renuncia a la Suprema Corte. El propio Colegio de Abogados de San Isidro notificó dicha renuncia y elevó una nota a la Gobernadora María Eugenia Vidal para que no se la acepte, dada la gravedad de las acusaciones. El Jurado resolvió que, al no haber constancia de la aceptación de la renuncia, correspondía pasar a la etapa siguiente del procedimiento, argumentando que “la renuncia no puede constituir una cómoda salida para quienes han actuado como lo ha hecho la acusada, mucho más por cuanto su destitución implicará la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos”.
La jueza está sospechada de recibir dádivas y regalos por parte de parejas adineradas, usualmente habitantes de countries de la Zona Norte del conurbano, a cambio de la realización de trámites de adopción exprés. Además, fue denunciada por más de 600 expedientes firmados en su juzgado de modo irregular mientras ella se encontraba de viaje.
Velázquez fue apartada del cargo el 31 de marzo por 90 días, pero sólo de forma preventiva. En junio, la Suprema Corte de Justicia bonaerense le otorgó una licencia forzada mientras se realiza la investigación, debido a las “severas anomalías detectadas en la tramitación de procesos de abrigos, guardas y adopciones”.
